Fernando Laborda (Universidad de Belgrano - diario La Nación) "Valores cívicos y compromiso ciudadano"

Valores cívicos y compromiso ciudadano

Fernando Laborda es periodista, Licenciado en Ciencia Política, Jefe de Editoriales y columnista político del Diario La Nación, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Belgrano y conductor del programa de TV “Cuarto Poder”. Esta es su ponencia en la Cátedra:

Hace aproximadamente un año, en este mismo foro y en un encuentro de similares características a éste, se habló de las paradojas o contradicciones de una sociedad civil que no hacía mucho reclamaba que se fueran todos y que después terminó apoyando en las urnas a gran parte de los mismos; se mencionó también que la Argentina era uno de los países con más elevado índice de muertos en accidentes de tránsito, pese a lo cual todavía la ciudadanía se seguía resistiendo a medidas elementales como utilizar el cinturón de seguridad, y finalmente se señaló que nuestro país era uno de los que menos días de clase tenía como consecuencia de las recurrentes huelgas, a pesar de lo cual los padres de los alumnos estaban entre los primeros en oponerse a recuperar esos días en el verano. 

Es probable que nuestra sociedad no haya evolucionado demasiado en varios de esos aspectos en el último año. Al menos en el terreno político, hasta incluso podemos dar cuenta de algunos retrocesos. 

El clientelismo y la vieja política

Sólo por citar un ejemplo, advertimos que el contundente resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, registrado el 23 de octubre último, no sólo premió a una figura política que se negó a cualquier debate, que no concedió una sola entrevista a medio de comunicación alguno y que ni siquiera fue a votar (violando un deber ciudadano elemental, quizá porque tenía que hacerlo en un distrito distinto de aquél en el cual se postulaba). También premió a la vieja forma de hacer política, a pesar de los contundentes documentos periodísticos previos al acto eleccionario que demostraron que los estilos y las estrategias a la hora de captar voluntades políticas en las zonas más empobrecidas del conurbano bonaerense no diferían entre los supuestos cultores de la nueva política y la vieja política. 

En la última campaña electoral bonaerense, vimos con claridad cómo las tradicionales bolsas de alimentos y los beneficios derivados de los planes sociales comenzaron a ser complementados con nuevas formas de clientelismo, tales como la entrega de electrodomésticos o de cheques sobre cuentas del Senado provincial en las barriadas más humildes. 

En eso pareció consistir la tan pregonada reforma política. Cambiaron las formas, no el fondo de la cuestión. La prebenda continuó; apenas cambiaron los enseres que se entregaban a cambio del voto. Y la nueva política no quedó más que en un eslogan de campaña, vacío de contenido. 

Debemos insistir en que la vieja política no es una denominación vinculada con razones generacionales. Representantes políticos de diferentes generaciones han merecido este rótulo, que se relaciona con la atribución de malos hábitos que establecen patrones de comportamiento político. 

Ejemplos de estas conductas irregulares son el fenómeno del clientelismo; los subsidios a cambio de votos o de colaboración con el partido; los puestos públicos para los “amigos” o los beneficios de planes de “empleo” que no exigen contraprestación laboral alguna y se otorgan arbitrariamente; los aparatos partidarios financiados con fondos públicos encubiertos y las campañas proselitistas poco o nada transparentes. 

Los malos hábitos que se repiten en el tiempo se transforman en vicios, que en muchos casos pasan a ser asumidos como hechos naturales y defendidos en forma corporativa. Convertidos en costumbres, se encadenan en un sistema, apoyado en un conjunto de procesos espurios y en la acción de personas con un cierto grado de independencia recíproca, que se traduce en intercambios de favores, dádivas, privilegios, protección e impunidad. Así, los representantes de la vieja política sobreviven pese al descrédito que ésta tiene en la mayor parte de la sociedad. 

Volviendo al caso bonaerense y a la última campaña electoral, no se trata de cuestionar la ayuda desde el Estado a familias que puedan vivir en la indigencia, sino su utilización política y la peyorativa consideración de los más pobres como masas disponibles dispuestas a venderse al mejor postor en el poco transparente mercado electoral. Y se trata también de cuestionar el nulo castigo electoral hacia esa metodología, aplicada al menos por dos fuerzas políticas que reunieron alrededor del 65 por ciento de los votos en los comicios legislativos. 

Cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, intentó justificar aquel proceder, dijo: “Me encantaría que entendamos que el Estado debe asistir a los que lo necesitan. Lo hemos hecho en absoluto silencio desde el primer día”. De esa manera, dio a entender, a título de defensa, que se estaba operando de esta forma desde bastante tiempo antes de que comenzara la campaña proselitista. Lo que no tuvo en cuenta en su explicación fue que uno de los principales cuestionamientos a esta clase de políticas asistencialistas es la falta de transparencia y que el silencio siempre puede despertar las peores sospechas. 

Falta de transparencia e imperio del silencio

Aquí quisiera enfatizar dos cuestiones en las que, a mi juicio, estamos retrocediendo. Esas dos cuestiones son, precisamente, la falta de transparencia y los intentos por silenciar a los que cuestionan. 

Y voy a remitirme a unos pocos ejemplos: 

1) En plena campaña electoral, surgió a través de la prensa el debate acerca de si debía el conjunto de la ciudadanía pagar los costos del empleo del avión Tango 01 o del helicóptero presidencial cuando éstos eran utilizados para trasladar al Presidente, a la primera dama y a su comitiva a actos que formaban parte de la campaña electoral. ¿No deberían correr esos gastos por cuenta del Frente para la Victoria? El tema no es para nada menor. Por un lado, porque el artículo 261 del Código Penal establece severas sanciones –reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua– para “el funcionario que empleare en proyecto propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública. Por otro lado, el tema no era menor porque en otros países, como los Estados Unidos, funcionarios de alta jerarquía han sido obligados a pagar de su bolsillo llamadas telefónicas realizadas desde la Casa Blanca con fines electorales. Lamentablemente, desde el oficialismo, una vez más, no se dio el ejemplo. Y lo que es más grave, algunos de sus representantes, como la senadora Cristina Fernández de Kirchner, decidió no perder tiempo en explicaciones y se limitó a señalar que, frente a cuestionamientos de esa índole, había que “poner la otra mejilla”. 

2) Los famosos Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), que repartía el gobierno de Carlos Menem a las provincias en función de criterios electorales no desaparecieron. A lo sumo, se transformaron en las partidas presupuestarias que reasigna el actual jefe de Gabinete gracias a los “superpoderes” que le delegó el Congreso de la Nación. Nada se pierde. Todo se transforma. ¿En qué se diferencia el presidente Néstor Kirchner de sus antecesores en esta materia? Probablemente, en que su gobierno hace estos manejos administrativos con un superávit fiscal que seguramente envidiarían sus antecesores. 

3) La nueva ley de coparticipación federal sigue siendo una asignatura pendiente desde la reforma constitucional de 1994, pese a que la Constitución estableció que debía ser sancionada antes de fines de 1996. Del mismo modo, los decretos de necesidad y urgencia continúan fuera de control y hace rato venció el plazo constitucional para crear una comisión parlamentaria que debería reglamentarlos. A nadie parece preocuparle que no se cumpla la Constitución. 

4) Este año se perdió la oportunidad de avanzar en una Ley de Acceso a la Información. Cabe recordar que esta iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de mayo de 2003. Era un proyecto que tuvo la virtud de haber sido precedido por numerosas consultas con académicos, empresarios, hombres de prensa, organizaciones no gubernamentales y especialistas del extranjero. Pero el 1° de diciembre de 2004, el Senado le introdujo peligrosas modificaciones, tales como la obligación de los ciudadanos de especificar los motivos para solicitar información; el carácter de declaración jurada del formulario que debía completar para acceder a ella; la fijación de aranceles para acceder a la información, entre otras. 

Al respecto, cabe preguntarse, cómo es posible que al día de hoy no podamos conocer los fundamentos de una resolución del juez de Santa Cruz que archivó la causa judicial por la fuga de fondos de esa provincia al exterior. 

Dos conclusiones

Tras analizar todos estos casos, uno puede preguntarse si acaso las cuestiones éticas en la política le importan a la ciudadanía. Si así fuera, ¿por qué se premia a un partido oficialista que ha hecho del clientelismo, de la falta de transparencia y del imperio del silencio prácticas frecuentes? Quizás el problema radique en que buena parte de la sociedad no percibe que la mayoría de los dirigentes que hoy aspiran a liderar la oposición vayan a actuar de manera diferente de quienes hoy nos gobiernan. Podría ser ésa una primera hipótesis. 

Personalmente, adheriría a una segunda hipótesis, sin descartar por eso la primera. Esta segunda hipótesis se vincula con una particular cultura política, basada en una vieja tendencia a preferir liderazgos fuertes, aun con reminiscencias caudillistas y aun cuando sus tentaciones hegemónicas a veces socaven a las propias instituciones. En otras palabras, los argentinos todavía preferimos tener gobernantes fuertes, antes que instituciones sólidas.